Vía: www.elmundo.es/ Por JUAN NIETO

La juez Delia Morente ha dado un impulso a la investigación del Palau de les Arts y ha ratificado el auto de apertura de diligencias de un caso que motivó en enero la detención e imputación de la ex intendente Helga Schmidt. Éste es el paso previo para que el juzgado de Instrucción 15, que asumió la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, empiece a practicar diligencias relacionadas con la gestión de Schmidt.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la juez Morente ha confirmado el auto de 21 de enero de 2015 -el de apertura de diligencias previas- después de que Schmidt presentara un recurso de reforma en el que solicitaba su revocación porque no tenía «la cualidad de autoridad o funcionario público» por lo que «no podía ser considerada como sujeto activo» de los delitos que se investigan. La juez, sin embargo, lo desestima pues el recurso de la ex intendente «en ningún momento desvirtúa los razonamientos jurídicos contenidos» en el auto.

La juez investiga por qué Helga Schmidt eliminó el departamento de Patrocinio del Palau de Les Arts y adjudicó el servicio a una empresa de la que era consejera después de que Anticorrupción elevara al juzgado un comprometido informe de la Intervención General que alertaba de las irregularidades. Es decir, por qué la ex intendente privatizó un servicio público para dárselo a una empresa de la que formaba parte, Patrocini de les Arts SA -cuyo nombre se asemeja al del Palau pero no guarda ninguna relación con el teatro- a cambio de comisiones de entre un 10% y un 30%. En total, según el informe de la Intervención, esta sociedad cobró más de 500.000 euros por un servicio que hasta 2008 lo realizaron los propios trabajadores.

La juez insiste en que la finalidad de la instrucción «no es otra que la de realizar las diligencias oportunas para la constatación de hechos que pueden ser constitutivos de delito cuando existan indicios de su posible comisión, así como la identidad del responsable, existiendo en el asunto que nos ocupa dichos indicios».

En cuanto a la condición o no de funcionaria pública de Schmidt «debe tenerse en cuenta que, tal y como señala el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso, existe abundante jurisprudencia en cuanto a la delimitación penal del concepto de funcionario público del artículo 24 del CP, siendo éste en el ámbito penal más amplio». La juez explica que, en atención al cargo que ocupaba Helga Schmidt «en la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, y que ésta era considerada como Fundación Pública, se entiende que efectivamente y en el sentido del artículo 24 del CP, tiene cabida en el mismo, ya que participaba del ejercicio de funciones públicas, tal y como se dispone de la citada jurisprudencia».

«En síntesis, tal y como manifiesta el Tribunal Supremo, se tiene dicha consideración a quien participe en el ejercicio de funciones públicas, situación que se produjo en cuanto a la relación de Helga Schmidt al ejercer sus funciones de intendente» por lo que «no existe dudas» para que sea considerada funcionaria pública.

Schmidt fue consejera durante varios años de Patrocini de les Arts, una empresa en la que figuró como presidente José Antonio Noguera Pujol, durante un tiempo abogado personal de la intendente y consejero de la empresa Cleop, una constructora que podría haber nutrido de fondos ilegales al PP, según se desprende de las conversaciones que durante años grabó Marcos Benavent, el comisionista de Alfonso Rus que ya ha confesado ante la Guardia Civil muchos de los delitos que se investigan en el caso de la Diputación.

Pero hay más. La juez tiene sobre su mesa los 800.000 euros en folletos que pagó Dramaturgia a una sociedad de Pablo Broseta, cónsul francés en Valencia y ex director adjunto del Palau de la Música. La Intervención también detectó irregularidades en los 5,3 millones que pagó Les Arts al maestro Zubin Mehta.