La ex intendente del Palau de Les Arts recurre a la Audiencia para que le tomen declaración y se interrogue a la ex consellera Trini Miró. Sostiene que no declaró tras su detención porque la causa era secreta


Vía: www.elmundo.es | Por JUAN NIETO | Valencia

La ex intendente de la ópera de Valencia, Helga Schmidt, ha presentado un recurso ante la Audiencia provincial de Valencia para que revoque el auto de procesamiento que la aboca a juicio por el presunto saqueo de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia. Según el escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, su defensa denuncia ante la Audiencia que el juzgado ha procesado a la diva austriaca sin tomarle declaración y sin acordar una serie de diligencias para testificar, que se suspendieron.

Schmidt mantiene que se han vulnerado sus derechos y subraya al tribunal que no declaró tras ser detenida, en enero de 2015, porque la causa estaba secreta y desconocía los hechos por los que la Policía registró el coliseo. La ex intendente se enfrenta a una petición de pena de más de siete años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción por privatizar el servicio de búsqueda de patrocinadores de la ópera y adjudicárselo a una empresa de la que fue consejera a cambio de comisiones que oscilaron entre el 10% y el 30% del valor del contrato.

El juzgado y la Fiscalía concluyeron que existían indicios suficientes para procesar a Schmidt y otras cuatro personas por desviar centenares de miles de euros durante los años en los que el recinto operístico acumuló un déficit superior a los 26 millones de euros. Junto a Schmidt fueron procesados Ernesto Moreno, ex administrador de la Fundación; el banquero Joaquín Maldonado; el abogado José Antonio Noguera; y Pablo Borseta, hijo del histórico profesor asesinado por ETA Manuel Broseta. Pablo Broseta es el administrador de Radcliffe, la sociedad que actuaba de intermediaria en las contrataciones de folletos de ópera, generando, según la investigación, un aumento desproporcionado e injustificado de los servicios prestados.

El abogado de Schmidt, Juan Pablo Agulló -socio del despacho del ex diputado David Serra, imputado en Taula y procesado en Gürtel por la financiación irregular del PPCV-, traslada ahora a la Audiencia que en el auto de procesamiento «no se determinan los hechos punibles» ni se identifica a la persona a la que se le imputa. Además, reitera que no ha prestado declaración sobre «los hechos que están en la base del presente procedimiento». «Es cierto que se la ofreció prestar declaración el día 20 de enero de 2015, pero dicho ofrecimiento tuvo lugar, cronológicamente, antes del levantamiento del secreto del sumario. Por lo que tal ofrecimiento, al no haber podido conocer los hechos de la imputación, no es válido a los efectos legales pertinentes», razona su defensa

Así las cosas, continúa el recurso, para el abogado de Schmidt es evidente que «no puede acordarse la consecución de las presentes actuaciones sin cumplimentar el previo requisito de tomar declaración a los imputados incompletas representaban será judicial». Además de lo anterior, el equipo jurídico de la ex intendente dice que «entendemos que debe igualmente anularse el objeto de recurso al existir diligencias, en concreto testimoniales, cuya práctica está acordada pero están pendientes de realización, sin que por el juzgado se haya señalado nueva fecha para ello».

Por todo ello, Schmidt plantea declarar en el juzgado antes de ser juzgada y pide a la Audiencia que devuelva el caso para que se interrogue a los testigos pendientes, entre los que destaca la ex consellera de Cultura Trini Miró. La empresa de la diva austriaca, Patrocini de Les Arts SA, cuyo nombre se asemeja al del Palau pero no tiene nada que ver con la Fundación, cobró desde 2008 comisiones entre un 10% y un 30% por buscar patrocinios tras despedir a la responsable de este departamento. Más de 500.000 euros por un servicio que hasta 2008 lo realizaron los propios trabajadores. Esta maniobra supuso un «correlativo perjuicio a los fondos públicos», según concluyó el juzgado.

La Abogacía de la Generalitat, que ha ejercido de acusación en este procedimiento para recuperar el dinero presuntamente malversado de la Fundación Palau de les Arts, comparte punto por punto los razonamientos jurídicos que motivaron el procesamiento de los cinco investigados y pide que devuelven más de 600.000 euros al teatro.